Nosotras y nosotros, organizaciones sociales y políticas de diferentes países y continentes, y pueblos originarios, nos reunimos en la ciudad de Asunción los días 23 y 24 de julio de 2009, en la Cumbre de los Pueblos del Sur “Protagonismo popular, construyendo soberanía” para debatir la coyuntura actual de la crisis del sistema capitalista y las salidas frente a ésta.

Nos plantean desde los poderes estatales, financieros y mediáticos que la crisis que atravesamos es una crisis financiera que puede ser resuelta con la inyección de fondos al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nunca en la historia del capitalismo se había otorgado tal cantidad de dinero para el salvataje de las empresas privadas. Así se benefician unos pocos que no casualmente son quienes causaron la crisis en un primer lugar. El objetivo del salvataje es entonces que el casino financiero siga funcionando, mientras millones de personas permanecen en la indigencia.

A la par, también promueven la idea de que estamos atravesando una crisis alimentaria diciendo que es a causa de que países como India y China están hoy aumentando su consumo diario de alimento. Pero esta argumentación no muestra que hay un nuevo patrón de producción basado en biotecnologías de avanzada que provocan la destrucción de la agricultura familiar-campesina, y las costumbres campesinas e indígenas.

Este modelo productivo basado en la agricultura mecanizada, extensiva e intensiva, con el uso masivo de transgénicos y agrotóxicos, impacta directamente sobre el medio ambiente, destruyendo y afectando muy fuertemente el clima del planeta. Es por esto que el segundo acuífero mas grande del mundo, el Acuífero Guaraní, está en grave peligro de contaminación por la implementación de este modelo extractivo de desarrollo que está ubicado justamente en las zonas de recarga de dicho acuífero.

Esto viene de la mano de la idea de que estamos viviendo una crisis energética, lo cual coincidió con una campaña mundial impulsada por países como EEUU y Brasil, donde se plantea la necesidad de aumentar la escala del monocultivo de soja, maíz y caña de azúcar para la producción de etanol y biocombustibles.

Frente a esto, nuestra conclusión es que se trata de una crisis integral del capitalismo, que no es momentánea y que no se va a solucionar con la inyección masiva de capitales. Esta crisis integral pone al desnudo el modelo de desarrollo imperante. La respuesta a esta crisis integral debe ser también integral. Hay que transformar el modelo de desarrollo para salir de la crisis. Esto quiere decir que tenemos que construir un proyecto propio desde los pueblos de América Latina.

Por ello hoy estamos en el proceso de construcción y reivindicación de la soberanía alimentaria desde y para los pueblos. Creemos en la necesidad de una producción autónoma, autogestionada y comunitaria, así como la distribución popular e igualitaria. Defendemos el derecho a alimentarnos sanamente, y por ello resistimos desde la defensa de las semillas y la producción agroecológica. Es imprescindible rescatar la memoria y el patrimonio para el saber identitario, desde la pluriculturalidad y desde la puesta en el centro del territorio como base de la identidad cultural. Asimismo, exigimos el diseño de políticas públicas que garanticen la soberanía alimentaria.

Creemos que en el proceso de devastación de nuestros recursos continentales, los pueblos originarios son los principales afectados. En ese sentido, exigimos políticas claras que vayan en el camino de la autodeterminación y soberanía de los pueblos originarios. Una de estas políticas es la generación de espacios nacionales de negociación colectiva en el marco del Convenio 169 de la OIT, así como la conformación de Paritarias Sociales por comunidad.

Reivindicamos la necesidad de construcción de una soberanía energética donde los pueblos podamos disponer libremente de nuestras fuentes de energía así como buscar los modos más convenientes para lograrlo. Vemos esta necesidad particularmente hoy en el caso paraguayo, donde se ha convertido en una causa nacional la recuperación de la soberanía energética sobre las represas de Ytaypu con Brasil y de Yacyreta con Argentina. Aquí reclamamos la revisión de las deudas binacionales y la posibilidad de que el pueblo paraguayo goce de libre disponibilidad y obtenga el precio justo sobre el 50% de la energía allí generada.

A su vez, impulsamos la creación del movimiento de víctimas de cambio climático y la instalación de los tribunales de los pueblos sobre justicia climática. Es central lograr el fortalecimiento de las legislaciones, pero fundamentalmente garantizar el funcionamiento de la justicia hacia las comunidades y territorios más vulnerables como afectados por el cambio climático y la deuda ecológicas. En el mismo sentido, exigimos la incorporación de políticas climáticas en las políticas públicas. Exigimos a los gobiernos del Mercosur que reclamen a los responsables del Norte el reconocimiento y pago de la deuda ecológica en todas las negociaciones internacionales. Y hacemos un llamado a la movilización global por la justicia climática en el marco de la reunión cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático en Copenhague.

También sabemos de la necesidad de construir soberanía financiera desde nuestros países, donde nos paremos en contra del pago de las deudas ilegítimas adquiridas a espaldas de nuestros pueblos. Tomamos el compromiso desde nuestros movimientos y organizaciones de realizar una Auditoría integral ciudadana de las deudas financieras, sociales y ecológicas generadas por la construcción y funcionamiento de Itaypú y Yacyretá, y el reclamo a los gobiernos involucrados (Paraguay-Brasil-Argentina) de hacer lo mismo. Exigimos la restitución y reparación de las deudas ecológicas, sociales, económicas, etc. Asimismo, ahora más que nunca precisamos avanzar en la construcción de alternativas de soberanía financiera que respondan a las necesidades y los derechos de nuestros pueblos y la madre tierra. Al respecto, denunciamos la lentitud, la falta de diálogo y las trabas que siguen obstaculizando la creación del Banco del Sur. Reclamamos su inmediata puesta en funcionamiento, resguardando el principio de “un país-un voto” en todas sus instancias y niveles de decisión, y la necesidad de que esté al servicio de una integración desde los pueblos y para la transformación del modelo productivo vigente.

Exigimos que además se abran espacios y mecanismos formales de información y participación de la sociedad en la creación y funcionamiento del Banco del Sur. Llamamos a los movimientos y organizaciones sociales a multiplicar las acciones de sensibilización, debate y movilización acerca de la creación de este y otros instrumentos de una nueva arquitectura regional, como podrían ser una unidad de cuenta sudamericana, como el sucre, y un sistema regional de reservas.

Apoyamos la decisión de los gobiernos de Bolivia y recientemente de Ecuador de salir del CIADI, mecanismo de solución de controversias sobre inversiones dependiente del Banco Mundial. Demandamos que los países de la región asuman igual compromiso, así como avancen en el rechazo de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Rechazamos cualquier forma de tratado comercial que violente la soberanía de los pueblos.

A su vez, repudiamos la represión constante y la criminalización de las luchas de campesinos y campesinas por obtener un pedazo de tierra. Esto sucede en todo el continente, pero se ve hoy con mayor crudeza en Paraguay. Estas represiones se volvieron sistemáticas y se realizan bajo el amparo de fiscales y jueces, que las hacen parecer legales. Exigimos el cese de las políticas de criminalización de la pobreza y de judicialización de la lucha social, así como la derogación de las llamadas leyes antiterroristas. Asimismo reclamamos el desprocesamiento de todos los luchadores y luchadoras sociales en toda América Latina.

Del mismo modo, rechazamos la militarización creciente del continente promovida por los Estados Unidos y sus aliados en la región y exigimos el retiro de la IV flota de Estados Unidos en el Atlántico; el fin de los ejercicios militares conjuntos con los Estados Unidos; el levantamiento de todas las bases y asentamientos militares extranjeros y la no instalación de nuevas bases; la eliminación de la fortaleza militar de la OTAN en Malvinas; la suspensión del envío de efectivos a la Escuela de las Américas u otros institutos similares; el fin de las misiones militares de Estados Unidos en nuestros países; la derogación de las inmunidades concedidas a los efectivos militares de las bases de Estados Unidos instaladas en nuestros países y castigar a los responsables de las violaciones sobre las poblaciones, particularmente a las mujeres.

También expresamos nuestro rechazo al golpe de estado perpetrado recientemente en Honduras y exigimos la inmediata restitución de Manuel Zelaya, legítimo presidente electo por este pueblo hermano. Apoyamos la lucha del pueblo hondureño por la institucionalidad democrática y el derecho a sostener al presidente que ellos mismos se han puesto. De la misma manera, repudiamos firmemente la violencia militar y policial ejercida contra este pueblo.

Alentamos la iniciativa del grupo del ALBA en convocar a sus asociados y hacer declaraciones de apoyo al gobierno de Zelaya. De la misma forma, los pueblos debemos esforzarnos de profundizar las diferentes alternativas de integración regionales que buscan enfrentar al sistema capitalista desde otro modelo. Del mismo modo, creemos que sería importante que los presidentes del Mercosur avancen en el mismo camino.

Es por todo esto que nosotros y nosotras hoy seguimos en el camino de la construcción de una integración latinoamericana desde los pueblos, fortaleciendo nuestra identidad regional. Sabemos que para ello debemos seguir en este proceso de lucha de nuestros pueblos para construir un nuevo sujeto que sea el protagonista de su historia y de su cultura.

Asunción, 23 y 24 de julio de 2009